Mariano López de Miguel
Doctor en Historia. Profesor de Geografía e Historia en Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
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El pasado martes 28 de mayo, el Ejecutivo encabezado por el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, procedió -junto a Irlanda y Noruega- a reconocer el estado de Palestina, intentando así presionar a la comunidad internacional para poner fin a la guerra en Gaza, a raíz de los sucesos del 7 de octubre de 2023 y por ende, recuperar un plan moribundo como es el de la solución al conflicto palestino-israelí a través de una revisión de los Acuerdos de Oslo. Algo muy complicado, dado que Israel hace mucho tiempo que consideró dichos acuerdos como “papel mojado” y para la contraparte palestina, según una encuesta del Centro Palestino de Investigación sobre Políticas y Encuestas publicada en septiembre de 2023, el 64% de la población describe las condiciones actuales como peores que antes de los acuerdos, y el 63% apoya abandonarlos.
Con respecto al paso dado por el gobierno español, las consecuencias no se han hecho esperar: Desde las amenazas -no veladas- por parte del primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, con la llamada a consultas de la embajadora del país hebreo en Madrid, la posible ruptura de contratos, que presumiblemente lastrarían la economía española en una época de recuperación tras la crisis sanitaria y financiera causada por la COVID-19, unido todo ello a las soflamas incendiarias por parte del canciller Yisrael Katz como que Sánchez incita al genocidio judío, adopta la falsa narrativa de Hamas, o su intento de cerrar el consulado en Jerusalén si da servicio a palestinos, dado que para el titular de exteriores constituye un riesgo para la seguridad nacional. Todo ello, crispa aún más un ambiente en el cual las relaciones entre Madrid y Jerusalén están en su momento más bajo tras el establecimiento de las mismas en 1986, durante el primer gobierno de Felipe González, poco después de la integración de España en la por entonces Comunidad Económica Europea.
Las declaraciones de Pedro Sánchez realizadas en Israel en noviembre de 2023, que en visita oficial y en calidad de Presidente de turno de la Unión Europea, pedía a Israel que cumpliese con el Derecho Internacional, fueron el detonante del enfriamiento de relaciones -y posterior crisis- vivida entre ambas naciones. No ayudó igualmente que España, con la presidencia de turno de la UE, solicitase que la Autoridad Nacional Palestina (bajo dirección de Mahmoud Abbás del partido Al Fatah, enemigo acérrimo de Hamas) se hiciese cargo dela gobernación de la Franja de Gaza, afirmando que la solución más viable al conflicto palestino-israelí pasaría por la coexistencia de dos Estados, Israel y Palestina bajo (hipotéticamente) las fronteras de 1967 y la implementación total de los Acuerdos de Oslo. Se aproximan pues, tiempos confusos, complejos y nada propicios para un horizonte de paz, máxime cuando el ejecutivo israelí es el más furibundamente nacionalista de su historia.